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Procuraduría inhabilita nuevamente a exgobernador del Valle del Cauca

Martes 17 de octubre de 2017
Cali

Procuraduría inhabilita nuevamente a exgobernador del Valle del Cauca

La medida de inhabilidad fue aplicada al exmandatario Juan Carlos Abadía y a un exfuncionario.

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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía. La sanción fue aplicada por 10 años por supuestas anomalías en un contrato para realizar cirugías bariátricas en el departamento.

La medida también se extiende al exsecretario jurídico del Valle Raimundo Antonio Tello, pero su inhabilidad irá hasta por 11 años. En el mismo fallo, la Procuraduría que también investigó al exgobernador Héctor Fabio Useche, el Ministerio Público declaró "desvirtuado y no probado el cargo único", en contra de este exfuncionario por lo que fue absuelto de responsabilidad disciplinaria.

El estamento de control indicó que el exgoberador Abadía ha debido realizar un proceso de convocatoria pública para seleccionar al contratista y no haberlo designado de manera directa porque se habrían violado los principios de la contratación pública.

“Es claro que el disciplinado tuvo un conocimiento del hecho, ya que participó en la elaboración e implementación del manual de contratación del departamento del Valle del Cauca, adoptado mediante el Decreto No. 0926 del 4 de septiembre de 2008, dado que fue él como gobernador quien lo expidió e implementó”, dice la Procuraduría.

Es la segunda vez que la Procuraduría emite una sanción de este tipo contra Abadía. La primera fue por 17 años en el 2012, también relacionada con contratos por cirugías bariátricas.

En el documento del  fallo con fecha del 24 de febrero pasado, Abadía no acepta la existencia de irregularidades en el contrato de prestación de servicios de salud y destaca la existencia de la delegación de funciones como esquema administrativo que trasladó la función contractual a las secretarías. "El proceso precontractual de todos los contratos que suscribe el gobernador, se emprende en la respectiva secretaría de cuya necesidad nace el objeto del mismo, la respectiva secretaría cuenta con el apoyo de varios estamentos adscritos a dicha cartera ...". Abadía anota que desde la respectiva secretaría "se procede a elaborar la minuta del contrato, la cual es revisada detenidamente por los asesores jurídicos de la Secretaría de Salud, encargados de realizar los soportes jurídicos y técnicos y así la envían a la Secretaría Jurídica, para que realice el examen de la gestión realizada por la Secretaría de salud, ahora, si los últimos no lo comparten lo discuten entre ellos para llegar a un consenso y si lo comparten proceden a dar su concepto de favorabilidad a la celebración del contrato".

Por su parte, el abogado Tello presentó alegaciones a la Procuraduría, previas a este fallo de primera instancia. Según el documento, el abogado "indicó que de las pruebas practicadas se evidencia que en ningún momento se faltó a la verdad por él, pues estaba claro que la esencia del contrato lo era atender órdenes de tutelas emitidas por jueces de la República, en las cuales estaban en trámite incidentes de desacato, dejando precisado en el concepto que tenía que verificarse que inmediatez, es decir, que la intervención fuera inaplazable, siendo motivación especial su urgencia. Señaló que con el contrato cuestionado se buscaba responder a una exigencia urgente de la Secretaría de Salud, consistente en atender un sinnúmero de tutelas interpuestas contra el departamento del Valle del Cauca, las cuales habían sido falladas en contra por los jueces de la República, estando en curso incidentes de desacato. Se buscaba edificar, al mismo tiempo, un mecanismo para evitar las tutelas que estaban cursando y en las que venían órdenes de intervención quirúrgica. Afirma que el propósito era noble, jamás favorecer a una persona o entidad, como malintencionadamente fue enunciado en la denuncia que se radicó ante las autoridades, nobleza que la soportaba la legalidad del acto que se ejecutaba".

CALI

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