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Por La Guajira

Domingo 24 de septiembre de 2017
Columnistas
Socorro Ramírez

Socorro Ramírez

Por La Guajira

El conocimiento del gobernador encargado, la participación de autoridades locales, indígenas y sociedad civil, y un decidido apoyo nacional, pueden convertir la crisis en oportunidad.

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La Guajira vive crisis complejas y entrelazadas. Tratarlas en forma simplista las agravaría. Los prejuicios capitalinos culpan al desierto y la sequía o a la forma de ser guajira y wayú, que algunos equiparan con indolencia e ilegalidad. Sectores locales acostumbrados a la anormalidad dicen con cierto cinismo que corrupción hay en todas partes, pero que desde el centro se ensañan con La Guajira porque los intereses nacionales y multinacionales solo buscan sus riquezas y no dejan nada; en cambio, de lo que roban los políticos guajiros algo queda en lo que contratan o pagan por los votos.

El rostro visible de las crisis es la desnutrición y la muerte infantil, agravadas por la falta de servicios esenciales como el agua, hoy acopiada por grandes proyectos mineros y agropecuarios, o la nutrición, la educación y la salud, arrasadas por una corrupción política que deja además tras de sí hueco fiscal, deterioro institucional e ingobernabilidad. Las crisis también se muestran en los problemas ambientales que genera la extracción del carbón, en el desempleo y en la bancarrota de la economía de subsistencia.

Los wayús han perdido huertas, animales y pesca artesanal frente a la industrial. Se ha hecho cada vez más difícil su acceso a recursos y territorios ancestrales que fueron poblados en forma dispersa y zonificados con respecto al mar, el desierto, las aguas que bajaban de cerros y los caminos, elementos que regían su organización. Todo eso afecta sus prácticas culturales y redunda en crisis alimentaria, interferencias a sus autoridades tradicionales y dificultades para actuar como colectividad.

La situación se vincula además a la pérdida de nexos con islas cercanas y a las crisis vecinas, pues este es un ámbito en donde casi todo ocurre en dimensión caribeño-guajiro-zuliana. Colombia y Venezuela comparten esa comunidad, que, más que reclamarse de una u otra nación, se identifica como wayú y está ahí desde antes de que existieran las dos repúblicas. Pero ese eslabón binacional ha terminado pagando las consecuencias de los litigios en la delimitación terrestre y marítima entre ambos países. La movilidad La Guajira-Zulia se rompe por cada tensión entre Caracas y Bogotá.

Ilegalidad e inseguridad crecen a ambos lados de la frontera, con bandas armadas, redes criminales y neoparamilitares que articulan todo tipo de contrabandos transfronterizos. Y los gobiernos, en lugar de emprender acciones conjuntas, sindican a la comunidad o se recriminan mutuamente. Hay recursos compartidos, oportunidades desaprovechadas y necesidades parecidas, agravadas por la corrupción y unilateralidad. Maduro ordenó cerrar el paso limítrofe legal, parar remesas y militarizar trochas justo en la peor sequía, con lo cual asestó un fuerte golpe a la alta Guajira.

El rostro de la corrupción no está aún completo, a pesar de que buena parte de los jefes políticos guajiros hayan sido destituidos y se hallen procesados o presos. Hubo también aval de jefes nacionales a cambio de apoyo local. Cambio Radical, ‘la U’, el Partido Conservador deben responder por estos gobernadores o alcaldes sindicados de corrupción y ayudar a resarcir el daño. Hay que derrotar el sistema político nacional clientelista y corrupto, reducido a rebuscadores de votos, puestos, contratos y rentas.

El Gobierno central intervino la administración del agua, la educación y la salud, y encargó de la gobernación a Weildler Guerra, destacado académico wayú-guajiro. Su conocimiento, la participación de autoridades locales, indígenas y sociedad civil, y un decidido apoyo nacional, pueden convertir la crisis en oportunidad para construir soluciones integrales y sustentables, superar el clientelismo y rehacer la relación nación-región.


SOCORRO RAMÍREZ

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